Este lunes comenzó el quinto día de movilización contra el golpismo en Perú. La semana pasada, el presidente electo Pedro Castillo fue depuesto por un golpe parlamentario impulsado por la derecha fujimorista.

El mandatario del partido Perú Libre quedó aislado tras meses de una gestión que no cumplió ninguna de sus promesas y sus intentos de «cerrar el parlamento» para prevenir la destitución fueron inútiles. Su cargo fue asumido por Dina Boluarte, hasta entonces vicepresidenta, para darle una apariencia de continuidad institucional al golpe fujimorista.

Las respuestas populares no se hicieron esperar. El domingo fue el día de mayor ebullición: rutas y aeropuertos fueron bloqueados en distintos puntos del país y las movilizaciones chocaron con la policía dejando un saldo de al menos cuatro muertos y decenas de heridos y detenidos. Se estima que el número de fallecidos podría ser mayor y los reportes periodísticos dan cuenta de una represión feroz ordenada por el gobierno golpista.

Pero las movilizaciones no parecen ser nada ingenuas ni improvisadas. Cabe recordar que Castillo logró conquistar la presidencia luego de un largo proceso de movilizaciones populares que recorrieron Perú. Las movilizaciones masivas han sido un elemento más en la interminable crisis políticas del país, marcada por las pugnas interburguesas y las maniobras orquestadas desde el aparato del Estado.

Las crisis institucionales y de poderes en Perú parecen no tener fin. Desde hace al menos veinte años, no ha pasado un solo gobierno estable. Todos se han visto envueltos en escándalos de corrupción o en disputas con el Parlamento. La primera minoría que es hace mucho el fujimorismo usa sistemáticamente su lugar en él para socavar todo gobierno que no sea el de la extrema derecha.