WASHINGTON.-Treinta años después del golpe militar, nuevos documentos desclasificados muestran que los militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún restaban cinco años para el retorno de la democracia.

El cálculo, aportado por militares y agentes argentinos que operaban desde el Batallón 601 de Inteligencia a su par chileno Enrique Arancibia Clavel, aparece entre los documentos que logró sacar a la luz el Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University, y a cuyas copias accedió LA NACION.

Firmado bajo el alias «Luis Felipe Alemparte Díaz», Arancibia Clavel era el agente de la Dirección de Inteligencia chilena (DINA) en Buenos Aires, encargado de informarle a Santiago lo que ocurría en la Argentina y de coordinar secuestros con argentinos, uruguayos, paraguayos y brasileños, entre otros, en lo que se llamó Plan Cóndor.

En julio de 1978, Arancibia Clavel envió un cable a sus superiores de la DINA, con nombres de decenas de víctimas en el país y precisando que sus contactos en el Batallón 601 han «computado 22.000 entre muertos y desaparecidos», desde 1975 y hasta «el día presente», poco después del final de la Copa del Mundo.

El debate sobre cuántos murieron o desaparecieron durante la dictadura lleva años sin resolverse y despierta una controversia enconada, con cálculos que van de las 8000 a 30.000, según quién haga la cuenta.

Los organismos de derechos humanos sostienen desde hace décadas que las Fuerzas Armadas habían redactado listas con nombres y datos de todos los secuestrados, los muertos y los operativos autorizados.

Se supone que esas listas fueron destruidas antes del arribo de Raúl Alfonsín a la presidencia, aunque algunos sospechan que podrían estar intactas y escondidas, como ocurrió con los archivos de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Arancibia Clavel, que en 2004 fue condenado por la justicia argentina a cadena perpetua por el asesinato en Buenos Aires del general chileno Carlos Prats y su pareja, redactó incluso su propia lista de muertos «oficialistas» y «no oficialistas». Es decir, los supuestamente caídos en «enfrentamientos» con las fuerzas de seguridad y los clandestinos.

«Adjunto lista de todos los muertos durante el año 1975. La lista va solamente clasificada por mes -explicó Arancibia Clavel a sus jefes-. Este trabajo se logró conseguir en el Batallón 601 de Inteligencia.»

El agente incluso explicó que «estas listas corresponden a los anexos» 74.888 y 74.789 del año 1975 y consignó que «los que aparecen NN son aquellos cuerpos imposibles de identificar», los que «casi en un 100% corresponden a elementos extremistas eliminados «por izquierda» por las fuerzas de seguridad».

Entre los asesinados «por motivos políticos» aparece el dirigente uruguayo Zelmar Michelini, entre decenas de hombres y mujeres, algunos también uruguayos asilados en la Argentina y capturados bajo el Plan Cóndor. En un documento ahora desclasificado del Departamento de Defensa estadounidense, dos militares norteamericanos recopilaron datos sobre el Plan Cóndor, al que definieron como «operaciones conjuntas de contrainsurgencia en varios países de América del Sur».

Para el 1° de octubre de 1976, los dos estadounidenses reportaban al Pentágono: «Más y más se escucha sobre el Plan Cóndor en el Cono Sur. Oficiales militares que hasta el momento callaban sobre el tema han comenzado a hablar abiertamente. Una de las frases favoritas es: «Uno de sus colegas está fuera del país porque está volando como un cóndor». Significaba que estaba en un operativo para secuestrar a un «sospechoso».

Un plan global

En ese mismo cable, la inteligencia estadounidense informaba que una delegación de generales argentinos, de civil, había viajado a Montevideo para coordinar operaciones, y anticipan que en una fase siguiente el plan podría extenderse a Europa.

¿Cuántos murieron o desaparecieron? «Es nuestra estimación que al menos varios miles fueron asesinados y dudamos que alguna vez sea posible establecer una cifra más específica», advirtió en 1978 a sus superiores el entonces embajador en Buenos Aires, Robert Hill.

También en 1978 otro documento del Departamento de Estado ya estimaba en 15.000 los desaparecidos, gracias al aporte de un funcionario de la embajada, Tex Harris, cuya labor sería reconocida por el Estado argentino sólo en 2004.