La Corte Suprema demoró cuatro años para firmar  el pedido de extradición del narco Fred Machado, que financió las campañas electorales de Espert, Patricia Bullrich y Javier Milei; ahora, alineada con los genocidas, violadores y torturadores, anuló una prisión preventiva de más de once años en una causa por delitos de lesa humanidad. La justicia durmió una siesta de más de 4 mil días y ahora dejó sin efecto la medida que mantenía detenido a Carlos Ernesto Castillo, ya condenado a prisión perpetua en 2017 por ilícitos imprescriptibles, y todavía tiene cargos por secuestros y torturas.

Los cómplices de instalar este precedente jurídico que abra las puertas para liberar aquellos criminales con más de dos años de preventiva son los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y los conjueces Abel Sánchez Torres -Cámara Federal de Córdoba- y Alejandro Tazza -Cámara Federal de Mar del Plata-. El magistrado Ricardo Lorenzetti firmó en disidencia tras evaluar que el recurso era “inadmisible”.

Esto no es mera casualidad, es un proyecto operacional, orquestado de largo tiempo, de la misma manera que se orquestó en el pasado las dictaduras militares regionales. Se va robando la conciencia y el pensamiento crítico de la población, buscando un aniquilamiento político silencioso, y vaciando de contenido los pilares del campo nacional y popular. A su vez, los diversos métodos de infiltración en los movimientos sociales para coartar la justicia a las minorías y distorsionar la historia, no solamente con los pueblos precolombinos, sino también para ponerle un manto de niebla a las grandes gestas ciudadanas.

Están instalando un sistema que le pone barricadas a la conciencia crítica social en la medida en que los Estados van siendo cooptados por las grandes corporaciones económicas que van reemplazando a los actores políticos tradicionales, delegando en gerentes el control político de las legislaturas y el poder judicial.

Movimiento por la Defensa de los DDHH – Junín-