Un escándalo con sabor a «trending topic» de 1828. Un funcionario de alto rango se apropió de los salarios de prisioneros y huyó a Buenos Aires, desatando una investigación que ni las redes sociales de hoy podrían haber imaginado. Todos los detalles de un caso que sacudió la frontera. Un «fugitivo» de la Pampa con miles de pesos en la mira.

Un escándalo de ribetes judiciales y resonancia política sacudió las estructuras del recién establecido Fuerte Federación (hoy Junín) en 1828. El primer Comisario de la plaza, Eugenio Perichón, quedó sumariado y obligado a devolver al Estado una cifra millonaria para la época ($1.447 pesos), tras comprobarse que había retenido los jornales de los prisioneros que trabajaban en la fortificación.

El caso, que hoy podría ser carne de redes sociales y trending topic, marca el primer gran caso de corrupción documentado en la historia de la zona y dejó a Perichón con el estigma de ser el «primer habitante que se fue debiendo quedarse».

La fuga del comisario y la alerta de Rauch

La trama se destapó cuando Eugenio Perichón, el funcionario a cargo de la crucial Comisaría del Fuerte y responsable de los pagos, abandonó su puesto definitivamente con destino a la Capital (Buenos Aires).

La irregularidad no pasó inadvertida. Fue el Comandante Federico Rauch, conocido colaborador de Juan Manuel de Rosas y figura clave en la frontera, quien elevó la primera nota de alarma al Inspector General, dirigida al Ministro de Guerra, Juan Antonio de la Cruz Balcarce (en ese momento bajo la gestión de Manuel Dorrego).

📢 «La relación que se incluye dirigida por el jefe accidental del número 5 de Caballería de línea se impondrá V.S. de la cantidad de pesos que el comisario don Eugenio Perichón dejó de abonar de jornales a los prisioneros a la salida del Fuerte de la Federación.»

Desde Buenos Aires, el escurridizo Perichón intentó evitar su regreso al Fuerte para rendir cuentas. En una misiva fechada el 2 de febrero de 1828, el Comisario argumentó que ya había cumplido con la entrega de sus pertenencias al oficial interino, Francisco Campaña, y que su presencia era «innecesaria».

Sin embargo, el aparato administrativo no le dio tregua. El 8 de febrero, se emitieron órdenes contundentes: Perichón debía marchar al Fuerte el día 11, escoltado por el comisario Rafael Hortiguera, quien además fue encargado de «levantar un sumario» sobre los graves hechos denunciados.

Paralelamente, se designaba un nuevo Comisario: Juan Antonio Superí, quien asumió la tarea de estabilizar la situación en la dependencia policial.

Fallo Judicial: La devolución y la causa penal

La investigación se extendió por más de dos meses. Tras un intercambio de notas, informes de la Contaduría General y descargos, el 15 de abril se remitió a las autoridades la información final sobre si Perichón había satisfecho o no los pagos a los prisioneros.

El 4 de mayo, el Ministro Fiscal dictó el fallo que lo condenó:

Se comprobó que las retenciones a los prisioneros estaban «justificadas».

El Estado no debía re-embolsar el dinero, por lo que se ordenó a Perichón «que entregue en la comisaría de Guerra la cantidad que importan los sueldos retenidos» para su distribución.

Y el golpe más duro: el Fiscal dictaminó que el expediente debía pasar a manos del Juez del Crimen para levantar la correspondiente causa a Perichón y así «evitar fraudes de esta clase que comprometen el crédito del Gobierno».

Aunque la causa penal se abrió, documentos del 28 de abril ya indicaban que Perichón había devuelto los $1.447 pesos, el monto exacto de lo adeudado a los trabajadores forzados del Fuerte.

Este episodio dejó una dura lección sobre la vigilancia de los fondos públicos en la frontera, en una época donde cada peso era crucial para el desarrollo de las nuevas guarniciones.

Juninhistoria.com

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