Cómo se demuestra y se informa la inocencia de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, fundamentalmente a aquel sector que ha caído en la trampa por ser ignorante en el tema, no así al fanático antiperonista que aunque sepa que está comiendo jabón seguirá diciendo que es jamón.

Se demuestra recurriendo a través de sistemas autónomos como el DeepSeek (competencia del chat GPT) que además de ser redes neuronales,  hoy el DeepSeek está en desarrollo en Argentina para dar asistencia a las Pymes.

El análisis hecho por la inteligencia artificial investigando 12 mil hojas de la causa, más las bases de datos de derecho penal, de derecho económico, inclusive las miles de materias publicadas durante 17 años por aquellos medios que son contrarios a Cristina Kirchner, arrojaron como resultado la falta de dolo (intención de cometer delito) y ausencia de enriquecimiento ilícito.

Esto  da por tierra la acusación de fraude a la administración pública y de asociación ilícita alegando que se favoreció a empresarios cercanos, porque no hay pruebas de beneficios económicos directo. En conclusión la IA nos dice de forma definitiva que desde una perspectiva extremamente legal existen argumentos sólidos para sostener que no se cumplió con el estándar probatorio.

Es decir que faltan pruebas y valoración de indicios, ausencia de perjuicio al Estado y las obras realizadas todas fueron ejecutadas y estaban en el presupuesto debidamente aprobadas por el Congreso.

La Corte Suprema consagró la “autoría por omisión impropia”: Cristina Kirchner no fue condenada en la Causa Vialidad por actos propios, sino por no impedir fraudes ajenos desde su rol de “garante institucional”. Es decir que se castigó la investidura presidencial sin tener en cuenta la responsabilidad económica, política y administrativa de los Jefes de Gabinete, cuya función principal  es coordinar el gabinete de ministros,  administrar y sistematizar  la gestión general del país, así como la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Se castigó a la presidencia de la nación a pesar que el ministro de obras públicas fuera inocentado en la “causa vialidad” y ningún funcionario de los entes controladores de la obra pública, ni siquiera fueron imputados.

Una decisión extremadamente política, de persecución política, que conduce inexorablemente a una aberración jurídica.

Fuentes: Radio Azucena (Juan Carlos Romero) – Diario La Voz de los Barrios