El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, muestra su enorme preocupación por la decisión adoptada por el Ministerio Público de la Acusación-MPA- de la provincia de Jujuy que el día 14/09/2022 procedió al arresto de al menos 5 miembros indígenas del Pueblo Ocloya, entre los cuales se encontraban el Cacique del Pueblo Ocloya Néstor Jerez.
Tambien fue detenido Ramón Jerez (miembro del CPI y de la Mesa Nacional de Coordinación del CPI). Previo a esta detención, se solicitó al MPA considerar la aplicación del Protocolo para abordaje en conflictividades de tierra y las Comunidades Aborígenes, Resolución N° 2261/2021 y se solicitó oportunamente a la Vocalía VI de la Cámara Civil y Comercial de la Provincia de Jujuy a levantar la medida que impide a los miembros de la Comunidad a acceder a su territorio por el camino de uso tradicional. Dichas medidas fueron solicitadas a los fines de convocar al diálogo por encima del uso de la fuerza policial.
En este marco, solicitamos e instamos al diálogo garantizando asimismo a la Comunidad el paso libre por el camino de uso tradicional para acceder a su territorio, el cual ha sido bloqueado por resolución judicial, dejando aislada a los miembros comunitarios.
La Comunidad Aborigen Tilquiza, del Pueblo Ocloya, cuenta con Personería Jurídica inscripta bajo Resolución N° 075 de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Jujuy y su territorio ha sido abordado en el marco del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas-Re.Te.C.I- ejecución de la Ley Nº 26.160 -y sus prórrogas-, en la Provincia de Jujuy, encontrándose actualmente con Resolución N° 642/12, y en cumplimiento del Art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y Convenio 169 de la OIT, donde se reconoce la Ocupación Actual, Tradicional y Pública.
Desde este Instituto Nacional se entiende que el Relevamiento Territorial es una herramienta indispensable garantizar la paz social en los territorios, y para dar cuenta de una deuda histórica como lo es el reconocimiento de la posesión tradicional.
El uso de la fuerza pública en el ámbito penal no contribuye a garantizar la paz social, por lo contrario, profundiza la conflictividad y la violencia.
