A principios de los ´70 el desarrollismo fue el primer movimiento político que denunció la desnacionalización de empresas a través de la publicación de una extensa lista que detallaba, caso por caso, la transferencia de activos de capital nacional a firmas extranjeras, muchas de ellas multinacionales.

Ese proceso de desnacionalización se analizaba como la expresión o el síntoma del problema estructural -e irresuelto- de la economía argentina que desalentaba la formación del círculo virtuoso de acumulación de capital a escala nacional. Y que, por lo tanto,  impedía al propio empresariado argentino, fundamentalmente al empresario industrial, ampliar el horizonte de su crecimiento y desarrollo, quedando por lo tanto en una posición de debilidad relativa frente a la competencia internacional que, en determinadas circunstancias creadas por las propias políticas aplicadas en el país, lo “forzaba” a enajenar sus activos bajo la amenaza de empujarlo hacia la descapitalización y la pérdida de sus mercados.

La mención viene a cuenta de lo que podría interpretare, superficialmente, como una paradoja y, más aún, una contradicción en el propio enfoque desarrollista. ¿Cómo puede ser que la misma corriente política que había propiciado la participación del capital extranjero en la batalla por el autoabastecimiento de petróleo o en el desarrollo de la industria automotriz fuera la que denunciara la enajenación de empresas nacionales en manos del capital foráneo y no solo se opusiera a la privatización de YPF sino que defendiera el rol insustituible de la compañía estatal como empresa testigo?

La captación de capital extranjero en la estrategia diseñada por Frigerio no fue producto de su adhesión al credo del libre mercado y la desregulación promovida por los liberales, hoy tan en boga. Fue la consecuencia de una política nacional planificada desde el máximo vértice del Estado que, jugando con la propia competencia (léase en el lenguaje de Frigerio, contradicciones) de los capitales foráneos, se fijaba como objetivo captar inversión directa para sumarla al esfuerzo de los inversores nacionales con el objetivo de desplegar, en el plazo más breve posible, aquellos sectores de la producción que permitirían transformar las bases de nuestra economía y lograr, por esa vía, crear las condiciones para el desarrollo auto-sostenido del proceso de “acumulación a escala ampliada” (usando la terminología de Marx en El Capital), a nivel nacional.

Frigerio siguiendo su “método de análisis” concebía esta transformación inspirándose, (como sabemos gracias a Juan José Real), en la estrategia adoptada por Lenin cuando, forzado por los hechos extremos de una crisis económica que amenazaba la suerte de la propia revolución soviética, no dudó en producir un golpe de timón a través de la NEP, la Nueva Política Económica que, entre otros objetivos, se propuso realizar una apertura a la inversión directa del capital foráneo. No casualmente, la misma fuente inspiradora que décadas después sirviera para realizar el viraje que Deng Xiaoping le diera a la economía china a fines de los 70 y que tuvo, entre sus principales recursos, la captación de inversión extranjera directa.

Consecuentemente, cualquier lectura que pretenda relacionar la iniciativa de Frigerio con el ideario liberal-aperturista, en cualquiera de sus versiones, carece de todo fundamento, mucho más aún cuando el destino de las inversiones extranjeras que orientaba el plan desarrollista no era precisamente el de los sectores a los que concurrirían los capitales (ya sean foráneos o nacionales) impulsados por la propia fuerza espontánea del mercado. Eran sectores que, para la mirada liberal, representaban inversiones “antieconómicas”, como lo dijeron en su momento y como lo siguen repitiendo hoy cuando rechazan la sustitución de importaciones y la industrialización bajo el argumento de la falta de competitividad y los “excesivos costos”.

A pesar de las sucesivas experiencias que erosionaron el tejido productivo industrial, con sus consecuentes efectos sobre el empleo y la capacidad de integración social al sistema de producción, se reitera el argumento “eficientista” que, siguiendo el hilo de su lógica, conduce a la conclusión que la Argentina debería basar su producción en aquellos sectores que demuestren ser competitivos a nivel internacional, y consecuentemente, permitir que sean las fuerzas del mercado global las que modelen y definan nuestra propia estructura de producción y de intercambio con el mundo. Todo ello con la menor intervención posible del Estado y eliminando las regulaciones que “distorsionan el libre juego de la competencia”, cuya versión extrema la representa hoy el autodenominado “anarco-capitalismo”.