Por Lucas Molinari

“Para principios de siglo XX éramos el faro de luz de occidente” afirmó Javier Milei el pasado 10 de diciembre que comparó su asunción con el comienzo de una “nueva era en Argentina”, un “quiebre en nuestra historia” como la “caída del muro de Berlín”.

El autodenominado libertario dice adorar esa Argentina de principios de siglo XX. Allá vamos, como prólogo de esta edición, para lo cual vale rescatar la figura de Juan Bialet Massé, el primer profesor de Derecho de Trabajo en América.

Nació en Bataró, España, en 1846. A los 30 años llega a la Argentina con el título de médico, y en 30 años (muere a los 60) hizo de todo. Se recibió en 20 meses de abogado, como empresario construyó un Dique en Córdoba que lleva su nombre. Fue docente y político.

Pero nuestro interés está en lo ocurrido el 21 de enero de 1904, cuando el General Julio Argentino Roca, en su segunda presidencia, le encomienda el estudio del estado de las clases obreras en el interior del país. Bialet Massé tarda tres meses en entregar tres volúmenes de 400 páginas, donde no sólo releva las condiciones de producción de los trabajadores sino expone las posibilidades de desarrollo nacional. Aconseja la realización de obras públicas y señala la importancia de regular las relaciones laborales.

En la presentación del Informe, describe el dolor social de esa época: “Cuando en las cumbres del Famatina he visto al apire cargado con 60 o más kilogramos deslizarse por las galerías de las minas, corriendo riesgos de todo género, en una atmósfera de la mitad de la presión normal; cuando he visto en la ciudad de la Rioja al obrero, ganando 80 centavo, metido en la zanja estrecha de una cañería de aguas corrientes, aguantando en sus espaldas un calor de 57 grados, a las dos de la tarde; cuando he visto a la lavandera de Goya lavar la docena de ropa a 30 centavos, bajo un sol abrasador (…); cuando he visto en el Chaco explotar al indio como bestia que no cuesta dinero…”

Luego, Bialet Massé, contra la tradición liberal anglófila de la “intelligentzia”, destaca la “excelencia de las razas criollas y mestizas y su superioridad para el trabajo sobre las razas importadas” desde “el punto de vista muscular y de su mentalidad, como de la sobriedad y adaptación”. Y subraya el subdesarrollo de esa época (muy lejos de esa “Argentina potencia” de la que habla Milei): “He encontrado en toda la República una ignorancia técnica asombrosa, más en los patrones que en los obreros”.

La conclusión planteada en ese escrito oficial afirma “la necesidad de imponer por la ley lo que se haría espontáneamente si pudiera darse a los patrones la ciencia necesaria para que lo hicieran por egoísmo”.

Bialet Massé representa una dirigencia preocupada por el crecimiento de la Nación argentina, por la planificación de sus fuerzas productivas y el bienestar del pueblo. Se topó, como pasaría en toda nuestra historia, con la avaricia, el cortoplacismo, la especulación de una clase propietaria sin voluntad de convertirse en burguesía nacional.

DECRETAZO

Este jueves el gobierno nacional publicó el DECRETAZO que, en parte, busca terminar con las conquistas populares del siglo XX, como el derecho a huelga, la jornada de ocho horas y la indemnización.

Sabemos que Milei es una circunstancia y que los verdaderos jefes del actual plan oficialista son las corporaciones nacionales y extranjeras que controlan nuestros bienes comunes y están forjando un estatuto legal del coloniaje (que cada vez necesita menos políticos profesionales como intermediarios).

Este tiempo es crítico. Gabriel Fernández escribió sobre el peligro de balcanización del país: “No hay posibilidad alguna de cambios “populares” en el seno de este gobierno. No existe ninguna perspectiva de mejorar, aunque más no fuera parcialmente, con los saqueadores instalados en la Casa Rosada. Que la historia continúe para la humanidad no significa que no pueda terminar para ciertos países. Aquellos que resuelven disolver el poder de sus Estados y contrariar su propio interés geoeconómico, quedan a un paso de la disolución. La destrucción del hogar implica que nunca más se podrá regresar al mismo”.

Milei reformó y derogó más de 360 leyes sin pasar por el Congreso. Un cambio de 360 grados, total, a medida de grupos económicos, como los que manejan nuestro comercio exterior: Cargill ya puso a la titular de AFIP, Florencia Misrahi (ex directora del departamento de impuestos de esa multinacional yanqui) del estudio Lisicki & Litvin, que seguramente aportó letra a este paquetazo.

Si no logramos revertir como pueblo esta decisión del Ejecutivo, ellos podrán avanzar con la privatización de las pocas empresas que quedan en nuestras manos: Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT); Dioxitek S.A. (productora de polvo de dióxido de uranio para centrales nucleares); YPF S.A.; Y-TEC; Energía Argentina S.A. (ex Integración Energética Argentina IEASA); Nucleoeléctrica Argentina S.A., ARSAT… También Aerolíneas, los medios públicos…

La rapiña está habilitada.

La UCR (Unión Cívica Radical) llamó a ser parte, ¿intermediaria?, de la negociación en nombre de las instituciones democráticas. Su titular, Martín Lousteau, que reemplazó hace una semana a Gerardo Morales, pidió “reemplazar este inválido DNU por una ley espejo” y alertó: “Con este método, en cuatro años podría venir otro presidente y mediante otro Mega DNU hacer exactamente lo contrario, lo que agregaría más incertidumbre e inestabilidad a la que ya padecemos”.

En ese sentido, se expresó Alejandro “Coco” Garfagnini, Coordinador Nacional de la Tupac Amarú: “La Argentina necesita un reseteo, pero no para el lado de ellos, sino para el lado de nuestro Pueblo. Eso significa que tenemos que echar de la Argentina a los Paolo Rocca, a los Mindlin, a los Manzano, a los Blaquier, a los Eurnekian, a los Galperín, a los Cargill; porque son ellos quienes escribieron esta agenda política que es el decretazo. Cada artículo que puede leerse de ese DNU, tiene el nombre, la firma de uno de estos tipos”.

De alguna manera, mucha dirigencia política exige ser parte, intermediaria para negociar con las corporaciones, mientras que Milei les da la espalda.

¿El Congreso va a rechazar o terminará aprobando esta avanzada antinacional? De rechazar el paquete, ¿Milei enviará los proyectos al Poder Legislativo o buscará inaugurar una suerte de autocracia al estilo de Fujimori?

Pero no somos Perú, allí el nacionalismo de Velazco Alvarado no logró revertir la matriz dependiente. Aquí, el peronismo sí y a pesar de todo (también de esta “democracia de la derrota“) persiste una memoria, una doctrina, un ideario, el sindicalismo… Que constituye nuestro verdadero activo político.

De allí surgió la respuesta que tiene fecha, el próximo miércoles en la Plaza Lavalle, habrá una concentración frente a Tribunales.

Si bien la Mesa Chica de la CGT abrió las puertas, empujada por las circunstancias, a las CTA y la UTEP, es la dirigencia que tiene la última palabra sobre el plan de lucha por venir.

Se definió ir por tres vías de resistencia: por la legislativa a partir del diálogo con la oposición en el Congreso que deberá aprobar o rechazar este paquete de DNU, por la judicial con la presentación que se hará a la Corte Suprema el próximo 27/12 y por la pelea sindical.

Con abogados de la central obrera y el estudio de Gil Lavedra (según informó Ámbito Financiero), la CGT presentará un amparo. Ayer sábado se conoció que el juez federal en lo contencioso administrativo Esteban Furnari admitió analizar como un amparo colectivo iniciado por Claudio Lozano (Unidad Popular), el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, la CTA Autónoma y ATE.

La reunión de la CGT se hizo en la sede de la UOCRA. El único dirigente que planteó hacer un paro antes de fin de año fue Omar Maturano de La Fraternidad. Lo acordado es que el jueves, tras la concentración del miércoles, se desarrollará un CCC (Comité Central Confederal).

“El Confederal va a resolver un paro que seguramente se hará efectivo en febrero. Mientras tanto iremos viendo el resultado de la estrategia judicial. Va a ser un período difícil con una pérdida que estimamos de entre 40 y 50 puntos del salario real por efecto de la inflación”, analizó Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social en el Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, detalló los cambios en el mundo del trabajo formal que impone el DECRETAZO. Destacamos algunos puntos:

• • El DNU impone fuertes límites al ejercicio del derecho de huelga. Se exige una cobertura mínima del 75% los servicios esenciales, entre los cuales se incluye la educación hasta el nivel secundario
  • Se enlistan las actividades y servicios de importancia trascendental, en las que se exige una cobertura mínima del 50%. Casi todos entran acá, por ejemplo la producción de alimentos, muchas ramas de la industria y el transporte, bancarios, hotelería y gastronomía, etc
  • Se le otorgan amplias facultades a los empleadores para despedir con causa a trabajadores que participan en medidas de fuerza. Por ejemplo si afectan la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas.
  • Ataque frontal a los recursos de las organizaciones sindicales. En la práctica se eliminan las cláusulas de solidaridad establecidas en los CCT y se ponen obstáculos para que los sindicatos recauden las cuotas sindicales
  • La ultraactividad de los CCT entra en un limbo interpretativo. Las cláusulas sobre condiciones de trabajo mantienen este carácter, todas las demás no. Esto afecta a muchísimas disposiciones de los convenios colectivos que se van a caer si se vence su plazo y no se renueva.
  • Se regulan de manera restrictiva las asambleas sindicales. Cualquier acción de este tipo es susceptible de transformarse en una infracción muy grave y ser pasible de sanciones que serán determinadas en la reglamentación.

¿Qué impacto tendrán estos decretos en el financiamiento de los sindicatos?

Consultado para esta edición, el dirigente gráfico Héctor Amichetti, explicó: “La reforma del inciso 132 de la Ley de Contrato de Trabajo impone que para el descuento automático del aporte solidario (no afiliado beneficiario del convenio) debe existir consentimiento individual expreso del trabajador. Todos los gremios tenemos cuota solidaria desde los ’90 cuando el menemismo desreguló las obras sociales, yo calculo que si se pierde ese aporte se reduce alrededor de un 40% el ingreso por aportes a los sindicatos. Lo condiciona a que exista consentimiento individual expreso del trabajador, actualmente se establece colectivamente por convenio cada vez que se acuerda un aumento salarial. Hay algunas opiniones jurídicas que consideran que ese punto también puede mantener la ultraactividad, tengo mis dudas. El objetivo claramente es desfinanciar los sindicatos y quebrar las obras sociales. Muy similar al plan Martínez de Hoz”.

Fernando Gómez, director de Infonativa y dirigente del Encuentro Patriótico, analizó que el paquete de medidas demuestra que las corporaciones entienden que “les da la relación de fuerza para hacer un reseteo de la Argentina como planteó Paolo Rocca”.

El titular de Techint había expresado tras la asunción de Milei:  “Estamos frente a un reset de Argentina, es una oportunidad, pero va a requerir sacrificio“.

Gómez detalló: “En la cuestión energética, los Rocca, Mindlin, Manzano, que metieron sus estudios de abogados que muchas veces son coincidentes, como el de Martínez de Hoz, para meter derogaciones. En Amcham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina) también vas a encontrar a quienes escribieron estos decretos (…). Los grupos económicos están planificando la Argentina para saquearla y dieron por tierra con leyes que significaban una mínima frontera a la excesiva rentabilidad con la que cuentan”.

Pero vayamos a los nombres propios, porque ellos mismos salieron públicamente desde la Asociación Empresaria Argentina a celebrar la Cadena Nacional de Milei que hizo público el decretazo:

Paolo Rocca, Héctor Magnetto, Sebastián Bagó, Alfredo Coto, Luis A. Pagani, Cristiano Rattazzi, Federico Braun, Luis Pérez Companc, Eduardo Elsztain, Marcos Galperín, Charlie Blaquier, Pablo Roemmers, entre otros que dirigen la AEA salieron con un comunicado titulado: “Una oportunidad histórica” que expresa:

“El inicio del nuevo gobierno genera la esperanza de que nuestro país pueda revertir un largo período caracterizado por el estancamiento económico, altísimas tasas de inflación, y un muy significativo aumento de la pobreza. Acertadamente, el gobierno del Presidente Javier Milei ha puesto el foco en dos puntos centrales que explican ese muy mal desempeño: el tamaño excesivo del Estado en relación con el PBI, y las consecuencias muy negativas que han tenido por largas décadas los déficits en las cuentas públicas. También valoramos muy especialmente, que el gobierno se disponga a tomar medidas que permitan el más pleno desarrollo del sector privado, sometido por años a injerencias estatales indebidas, a controles de precios, a una elevadísima presión tributaria, a restricciones arbitrarias en materia de comercio exterior, y a amenazas como la Ley de Abastecimiento”.

Desde AmCham también sacaron un comunicado que dice: “Estamos convencidos que la revalorización del sector privado que promueve el gobierno como actor relevante en la economía, redundará en mayores inversiones, en el crecimiento del empleo de calidad, en un aumento de las exportaciones y en la reducción sistémica de los niveles de pobreza, todos ellos aspectos cruciales para volver a colocar al país en la senda del desarrollo económico y social sostenido, convirtiendo nuevamente a la Argentina en un país viable”.

Contra esto deberemos pelear como pueblo.

La misma noche del miércoles 20 de diciembre, tras el anuncio, hubo protestas espontáneas y sonaron las cacerolas. Nació una consigna que implica el programa defensivo de esta etapa: LA PATRIA NO SE VENDE.

Por eso, el gobierno amenaza con su plan represivo. Esta semana realizó una denuncia judicial por presuntos delitos de “extorsión” y “defraudación al Estado” contra 14 organizaciones sociales en relación al manejo de planes sociales, “en función de las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134, 1.200 de las cuales se podrían relacionar directamente con ese delito”.

Ya lo hicieron con el macrismo y Milagro Sala sigue presa. Tienen afilado un mecanismo para encarcelar dirigentes a partir de ofrecer prebendas a beneficiarios de programas sociales para que realicen denuncias.

Estamos en una coyuntura de aceleración de la guerra económica desatada contra las mayorías,  una hiperinflación alentada desde el mismo gobierno para disciplinar y acorralar al movimiento popular.

De eso se trata también el protocolo de Patricia Bullrich que ya se inauguró a los palazos y gas pimienta en Córdoba capital con cinco detenciones el jueves por la noche. El viernes ATE se manifestó abrazando la Jefatura de Gabinete (Av Belgrano y Diagonal Sur), desde las veredas y con un tremendo despliegue de la Infantería de la Policía de la Ciudad.