«Con nosotros el gobierno comete un atentado»

Ni el cambio de nombre del feriado ni el cierre del Registro tienen peso alguno en la reducción del déficit fiscal o en el ahorro de dineros públicos. Son medidas de corte ideológico que siguen al vaciamiento del INAI desde que lo preside Claudio Avruj, en los noventa empleado y operador de Rubén Beraja en la DAIA. El Instituto fue definido como otro órgano «inútil», al parecer copado «por maputruchos», y si existe todavía es porque fue creado por ley del Congreso Nacional.

La Provincia de Buenos Aires repudió la medida del gobierno nacional y subrayó que infringe la constitución nacional. Es que en 1994, nuestra ley base reconoció la preexistencia de las Primeras Naciones en lo que hoy es nuestra república, y ordenó medidas para reparar las injusticias históricas. El Registro fue creado en 1995 por la ley 23.302 como un primer paso en esa dirección y ya le dió entidad jurídica a 1879 comunidades de cuarenta pueblos en todo el país.

El repudio

En un comunicado emitido por la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, la orden presidencial fue definida como «un nuevo avance contra los pueblos indígenas».

El texto recuerda el rango constitucional de la cuestión indígena, y explica que «no se trata solo de mitigar las dificultades que históricamente han enfrentado las comunidades indígenas o de compensar el desapoderamiento que sufrieron, sino de preservar su legado cultural, un componente fundamental de la identidad sudamericana, evitando su disgregación y sus inexorables consecuencias».

El Registro, dice el comunicado, «es una herramienta clave, ya que permite visibilizar a las comunidades indígenas en todo el país. Sin este registro, su presencia en las políticas públicas nacionales se diluye, quedando estos derechos a merced de la voluntad política de cada provincia». Su cierre es una «acción inconstitucional e inconsulta, viola los derechos humanos de los pueblos indígenas en su detrimento y a favor del extractivismo de sectores privados. Los pueblos y comunidades indígenas no son enemigos del estado pero cuando la violencia, la discriminación y estigmatización es por parte del Estado, es Violencia Institucional».

«Desde la subsecretaría de DDHH y el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas reforzamos nuestro compromiso con las políticas públicas para pueblos Indígenas, reafirmamos la continuidad del Registro Provincial de Comunidades Indígenas, acompañamiento a las comunidades y el trabajo en conjunto con los Consejos Indigenas de Buenos Aires.

El actual presidente del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, Matías Moreno, ve una continuidad entre el cierre del Registro y políticas como «el cierre, hace dos meses, de la unidad fiscal para la búsqueda de personas desaparecidas. Es un atentado a los derechos humanos grave, y el gobernador Axel Kiciloff va a abrir una unidad especializada para continuar ese trabajo a nivel provincial. En este nuevo caso, es lo mismo y hace imposible seguir este trabajo a nivel nacional. Están ignorando un compromiso de rango constitucional que tomamos democráticamente».

Moreno destaca que en cuatro años de gestión «se otorgaron más personerías que nunca… y ahora esto, que es un desguace del Estado y otro caso de evitar las responsabilidades de gestión que tiene el Estado. En la provincia vamos a reforzar el trabajo, pero sólo podemos actuar a nivel provincial, no nacional».

El repudio indígena

Desde las Primeras Naciones llovieron los rechazos a la medida del gobierno de Javier Milei. Oscar Farías, lonko de la comunidad mapuche Nahuel Payún, de Junín, y titular de la cátedra de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional del Noroeste, resumió la situación como «un atentado del gobierno». Farías conoce bien la mecánica de trabajo porque fue miembro hasta septiembre del Consejo Indígena de Buenos Aires, que asesora al CPAI a nivel provincial.

«Es grave, un retroceso, otra vez somos víctimas de cuestiones políticas. Viola no sólo la constitución sino pactos internacionales que firmó la Nación y también tienen rango constitucional. Y nos llena de preguntas: ¿Cómo se puede acceder a una personería jurídica ahora? ¿Qué pasa con las que ya fueron concedidas?

Es grave, porque esa es la herramienta jurídica que nos permite trabajar tanto con el Estado como con ONGs». Farías expresa una posición poco reconocida de las comunidades indígenas frente al Estado, cuando explica que «todo lo que se logró hasta ahora fue por el activismo de las comunidades. Siempre hay que empujar para lograr algo. Esto es muy grave, pero tampoco los gobiernos nacionales y populares nos garantizaron cosas concretas, que se consoliden. El Estado es el que sigue incumpliendo los pactos con los originarios, como hizo tantas veces. Hay leyes muy específicas, que hacen a los desalojos y a la propiedad de la tierra, que se pasaron y fueron a parar al cajón: nunca se reglamentaron».

Día de la Raza

El 12 de octubre mismo, en otra provocación mediática, la cuenta de X de la Casa Rosada difundió un video de manufactura bastante pobre, festejando el Día de la Raza. El nombre, impuesto en los años veinte y con un siglo exacto de atraso, parece que ahora reemplaza el de Día de la Diversidad Cultural creado por el gobierno de Cristina Kirchner. Usando algunas secuencias de una fallida película de Hollywood de 1992 e imágenes dignas del Billiken más clásico, el video definió el desembarco español en el Caribe como un evento de «influencia cultural, lingüística y económica que ha moldeado nuestra historia e identidad» y «un cambio de paradigma global».

La muy compleja y dolorosa Conquista es vista como un «símbolo de la expansión y el progreso» que nos recuerda la capacidad del ser humano para superar lo desconocido y buscar nuevas oportunidades para el desarrollo y la civilización». Los pésimos y derivativos textos saludan a Colón como alguien que «abrió una nueva era de progreso y civilización en el Nuevo Mundo». El desembarco aparece como un «hito histórico sin precedentes que sentó las bases de la modernidad en América».