El gobierno nacional busca modificar la Ley vigente de Protección al Dominio Nacional sobre tierras rurales (Ley 26.737) mediante un proyecto que elimina límites, registros y controles, transformándola en los hechos en una verdadera ley de extranjerización del territorio argentino. 

¿Qué implicaría este cambio?

La iniciativa forma parte del paquete denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, impulsado por el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. No se trata de una reforma aislada: incluye modificaciones a distintas normas y políticas públicas, desde herramientas como el Registro de Barrios Populares (RENABAP) hasta aspectos de la Ley de manejo del fuego y procedimientos que facilitan desalojos.

En sus fundamentos, el proyecto cuestiona la noción de utilidad pública y busca blindar el derecho de propiedad privada como un derecho prácticamente absoluto, por encima de restricciones sociales, ambientales o colectivas. 

En ese marco, la modificación del régimen de tierras rurales es una pieza central. Detrás de artículos y modificaciones legales, lo que está en juego es algo bastante más concreto: quién puede acceder a la tierra en Argentina, en qué condiciones y con qué límites.

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La ley vigente, sancionada en 2011, partía de una idea simple: la tierra no es un bien cualquiera. Por eso establecía reglas. Limitaba al 15% la cantidad de tierras rurales en manos extranjeras —a nivel nacional, provincial y local—, fijaba topes por nacionalidad y establecía un máximo de hectáreas por titular en la zona núcleo pampeana. También protegía áreas sensibles, como aquellas de frontera o que contienen cuerpos de agua. Además, obligaba a registrar las operaciones para saber quién compraba, cuánto y dónde.

Vale aclarar que la ley vigente limita a aquellos extranjeros que radican en otros países, y no a quienes vienen a habitar el suelo argentino, como dice nuestra Constitución. No es lo mismo venir a habitar y producir en el país, que controlar territorios estratégicos desde afuera. Ya lo manifestaba nuestra declaración de independencia de 1816, declarándonos libres de España “y de toda otra dominación extranjera”.

La Ley de tierras vigente respondió en 2011 a un proceso de extranjerización en marcha desde los años noventa, y buscó limitar la compra futura. Hoy existen al menos 36 departamentos o partidos que ya superan ese 15%, justamente porque la ley, como cualquier otra, no fue retroactiva. Pero marcaba un rumbo claro: regular el acceso a un recurso estratégico.

El proyecto oficial cambia esa lógica de raíz. No la corrige: la desarma.

Elimina los topes, borra los límites y redefine el problema. A partir de ahora, la preocupación deja de ser la compra de tierras por parte de actores extranjeros en general y se reduce a un caso excepcional: los Estados extranjeros. Mientras tanto, los grandes capitales privados internacionales —los principales actores del mercado— quedan fuera del alcance de la regulación.

Además, elimina la protección sobre tierras que contienen o lindan con cuerpos de agua. En un contexto donde el acceso al agua es cada vez más crítico a nivel global, su liberalización a través del mercado de tierras abre interrogantes preocupantes. Se trata de una política que puede condicionarnos a futuro en varios sentidos.

Al mismo tiempo, se desmantelan herramientas básicas de control: desaparece el Registro Nacional de Tierras Rurales, debilitando la capacidad del Estado para conocer qué ocurre con estos espacios. Con la propuesta oficial, se elimina también la herramienta del Consejo Interministerial, una de las pocas articulaciones entre todas las provincias para tener un dato de tierras a nivel nacional.

Si esta ley se aplica, las compras de tierras en manos extranjeras —especialmente en los partidos o departamentos ya altamente extranjerizados— dejarían de tener cualquier tipo de límite. En territorios donde hoy ya existe presión por parte de capitales extranjeros, muchas veces a través de testaferros, esto podría profundizarse y empujar los precios aún más al alza.

Y entonces aparecen las preguntas incómodas.

¿Qué va a pasar con el precio de la tierra si se abre completamente al mercado global?

¿Quién va a poder comprar en ese escenario?

¿El acceso a la tierra va a seguir siendo posible para productores locales y familias si el precio se dispara?

¿Vamos a poder, como pobladores locales o turistas, acceder y hacer uso de espacios de esparcimiento como ríos, lagos y caminos que deberían ser públicos?

¿Qué implica esto para la soberanía sobre recursos estratégicos como el agua, los alimentos o la energía?

¿Y qué efectos puede tener sobre la defensa nacional y el control efectivo del territorio?

Porque cuando la demanda se vuelve global y no hay límites, el resultado suele ser uno: la concentración y extranjerización.

Las consecuencias no son abstractas. Ya se ven —y podrían profundizarse— en conflictos por el libre acceso a ríos, lagos y caminos que deberían ser públicos; en territorios donde el ingreso es restringido, como en los casos de Joe Lewis o Ted Turner en la Patagonia. 

También hay algo más silencioso, pero igual de importante: la pérdida de capacidad del Estado para intervenir. Sin información, sin límites y sin herramientas, regular deja de ser una opción real. A esto se suma la pérdida de soberanía sobre recursos clave, como cuerpos de agua dulce, nacientes de ríos y territorios de alto valor tanto para el consumo y la reproducción de la vida como para el turismo, el deporte y el esparcimiento.

Y todo esto ocurre en un contexto global atravesado por el cambio climático, donde los bienes naturales —y en particular el agua— adquieren un valor estratégico. Resulta llamativo que, mientras estas discusiones se vuelven centrales en el mundo, a nivel local incluso se ha llegado a restringir el uso del propio concepto de “cambio climático” en ámbitos estatales como el Servicio Meteorológico Nacional.

Por eso, la discusión de fondo es otra. No es solo jurídica, ni siquiera solamente económica ni social. Es una discusión sobre qué tipo de país se quiere construir.

¿La tierra es un activo más, sujeto únicamente a la lógica del mercado global?
¿O es un bien común natural y estratégico que requiere reglas para garantizar un acceso más democrático y un uso sostenible, recuperando su función social?

La sanción de la nueva ley de tierras del gobierno nacional sería un claro retroceso, y un nuevo estatuto legal del coloniaje, como diría Jauretche.

       Julieta Caggiano