El Ministerio de Defensa, a cargo de Jorge Taiana, ya se expresó al respecto:

“Soberanía y Defensa nacional son conceptos inseparables de la actividad espacial. En este sentido, no es posible dejar de lado las connotaciones geopolíticas que tiene la instalación de la Estación AGSR por parte de una empresa con domicilio legal en Gran Bretaña, cuando el Reino Unido sostiene la ocupación ilegal de las Islas Malvinas, parte de nuestro territorio nacional. Esto constituye una vulneración a la seguridad nacional, ya que la Estación le permitiría al Reino Unido:

• Brindar alerta temprana y Conciencia Situacional Espacial (SSA por sus siglas en inglés) en la órbita baja en la Argentina. Esto significa que, desde nuestro propio territorio nacional, podrá monitorear la actividad satelital argentina tanto civil como militar (actividad que utiliza proyectos de satélites de órbita baja).
• Interceptar datos y observar objetivos terrestres, marítimos o detectar aeronaves. La banda de operación declarada por la empresa coincide con la banda de operación de las estaciones terrenas de emisión y recepción de datos en banda S, recepción en banda X y Ka de los satélites argentinos.
• Hacer seguimiento de trayectorias y lanzamiento de los vectores Tronador que nuestro país se encuentra desarrollando desde la CONAE”.

Tras exponer en un informe las irregularidades en la instalación del radar, exige “que se quite la autorización para operar a la empresa Leolabs Argentina S.R.L, dejando sin efecto la Disposición 8/22 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad” y añade que “resulta relevante reiterar que la autorización para la instalación y puesta en funcionamiento de la Estación AGSR en Tolhuin se dispuso sin que se haya consultado de manera previa al Ministerio de Defensa, ni a la Cancillería Argentina, al tiempo que no existe ningún convenio firmado por nuestro país que le otorgue un marco al alcance de su uso”.

“No es posible dejar de lado las connotaciones geopolíticas que tiene la instalación de la Estación AGSR por parte de una empresa con domicilio legal en Gran Bretaña”

Radio Gráfica consultó el tema con Daniel Guzmán, periodista y soldado combatiente de Malvinas, quien repasó el irregular proceso que derivó en la instalación del radar.

“La Inspección General de Justicia le dio la incorporación (a la compañía) y fue inscrita. Posteriormente, la Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego le concedió la autorización y con eso fueron a la Secretaría de Telecomunicación y Conectividad de la Jefatura de Gabinete de Ministros (en ese entonces a cargo de Juan Manzur) y consiguieron una autorización precaria, pero justamente esta Secretaría de la Jefatura de Gabinete de Ministros no dio participación ni al Ministerio de Defensa, ni a la Cancillería Argentina, ni al Ministerio Interior”, explicó.

Y continuó: “En estas condiciones, el 15 de noviembre del año pasado, se le da la habilitación. Pero cuando habilitan a esta empresa en Buenos Aires no lo hacen a través de LeoLabs Incorporated, sino que lo hacen con LeoLabs Argentina SRL, filial de dos empresas del Reino Unido, una con sede en Dublín, Irlanda, y otra con sede en Londres, Inglaterra”.

La obra de instalación del radar empezó entre junio y julio del año pasado, y para ello se ingresaron todos los elementos de la estructura de la planta por la aduana. “Lo cierto es que la provincia de Tierra del Fuego, evidentemente, cuando vuelve la documentación, no observa, o si observa se hace la distraía, que ya no se trataba de la empresa que había sido habilitada por la Inspección General de Justicia -Leolabs Incorporated-, sino que era Leolabs Argentina como filial de estas dos británicas. Y así arranca un proceso con la instalación”, detalló el veterano.

Una vez instalada la planta, “con energía eléctrica suministrada por el Estado y con comunicación y conexión de banda ancha, el día 13 de marzo de este año, el CEO de Leolabs, Dan Ceperley, en la Embajada Argentina de Washington, hace el anuncio, muy contento y con mucha algarabía, sobre la autorización para poner en marcha este radar que ya estaba en marcha en modo de prueba desde comienzo del año. Esto fue festejado no solamente por el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, sino también fue festejado por el embajador norteamericano de Argentina, Marc Stanley”, relató Guzmán.

Y remarcó: “Lo llamativo de ese momento es que la Provincia de Tierra del Fuego no dijo nada a ningún funcionario cuando cuatro días antes, el 9 de marzo, había estado Mark Stanley en Ushuaia reunido con el gobernador de Tierra del Fuego (Gustavo Melella). ¿Cuál era el objetivo que se fundamentaba, que se planteaba en ese momento? Que era para montar un radar para monitorear la chatarra espacial”.

Posteriormente, “el 15 de junio de este año, un sitio web poco conocido que se llama Radar Internacional, advierte que el radar tiene facultades de monitoreo dual, que puede permitir, no solamente monitorear la chatarra espacial, sino también tener funciones militares. Cuando aparece esta información, empecé a buscar información, y ahí es cuando encontramos en el boletín oficial de la provincia, la inscripción de Leolabs Argentina como filial de Gran Bretaña”.

“Empecé a buscar información, y ahí es cuando encontramos en el boletín oficial de la provincia, la inscripción de Leolabs Argentina como filial de Gran Bretaña”

El periodista explicó que desde ese momento comenzó su tarea de consulta e investigación: “Le pregunté a empleados de la IGJ si es correcta la información de que hay dos empresas británicas registradas en Tierra del Fuego y me contestan que tuvieron la documentación a la vista. Y el 22 de junio, aparece el primer pedido del Ministerio de Defensa de la Nación solicitándole a la Jefatura de Gabinete la suspensión de este radar por la peligrosidad que significa para el sistema de defensa argentino”.

A partir de allí, inicia un proceso “mediante el cual el Ministerio de Defensa se pone el objetivo de analizar esta situación y hace una serie de observaciones. También, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Teniente General Juan Martín Paleo, el 9 de julio hace una publicación en Infobae muy contundente donde habla de la peligrosidad para el sistema de defensa argentino y para la soberanía”.

Finalmente, el 1 de agosto, el Ministerio de Defensa publica un informe en el que explica que el radar aún apagado podría estar funcionando y monitoreando. “Para que se entienda, cuando uno apaga el celular sabe que aún apagado puede ser interceptado, puede estar siendo monitoreado, se pueden escuchar las comunicaciones o funcionar como un sistema de seguimiento, de rastreo. Bueno, esto mismo está sucediendo ante los ojos no solamente del Ministerio de Defensa, sino esta vez del INVAP, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Contralor de Material de Defensa y la Dirección de Inteligencia de Estrategia Militar de la República Argentina. Es decir, las máximas autoridades, los máximos organismos de conocimiento y competencia de esta situación”, finalizó Guzmán.