El error de ver “logros” en lugar de analizar contenidos

Con una desaceleración del nivel de precios de la magnitud que se observa, es esperable que los salarios se adelanten transitoriamente. Lo que debería cuestionarse en un análisis serio es si el gobierno realmente puede permitir que se alcance una recuperación del salario en relación con el estado al que cayó al iniciar esta política económica. Y en cuanto a la situación financiera, por la peculiar decisión de llevar adelante una devaluación significativa del tipo de cambio peso-dólar sin modificar el régimen cambiario y disminuyendo las tasas de interés, es que el gobierno alentó una bicicleta financiera que ante un eventual desmantelamiento del control cambiario podría, en las condiciones actuales, conducir al desastre.

Con el grado de conmoción que impera en el ambiente del debate político, que conduce al adocenamiento y la volatilidad en la interpretación del desarrollo de los hechos, no es sorprendente que, por el descenso de la variación de los precios y la sanción de la Ley Bases en la Cámara de Senadores, se concluya sin muchos matices que la semana anterior fue exitosa para el gobierno nacional.

Sin embargo, la pregunta que debería plantearse inmediatamente es en función de qué se determina que haya sido o no un éxito. Con diferentes matices, algunos analistas entienden que éste se debe a que se comprueba que la administración que encabeza Javier Milei puede avanzar con su programa de reformas y modificaciones de la economía, habiendo dado una muestra tangible de ello.

Como conclusión, es algo superficial. Para el gobierno no se trata de obtener victorias circunstanciales, sino de poder alcanzar la aprobación para conducir a la población argentina a la aceptación de condiciones de vida que por la orientación de sus iniciativas la vuelve más pobre. Presentar resultados no es lo mismo que el contenido del tipo de resultados posibles.

Más aún: se trata de una cuestión sustancial. Sin dilucidarla, no es posible entender el significado de mediano plazo que entrañan las políticas de Milei para los diferentes sectores que se supone agredidos y, puede añadirse, se debiera intentar movilizar. Al mismo tiempo que el gobierno se adentra en las contradicciones que desencadena una política económica que tiende al empobrecimiento colectivo, la oposición se confunde creyendo ver en ella “logros”. En consecuencia, nadie elabora una respuesta a la temprana crisis política que incuba la administración de La Libertad Avanza (mientras Argentina retrocede).

La recuperación del salario

El elemento del “éxito” en los precios se le atribuye a que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó un alza en mayo del 4,2% sobre su nivel del mes anterior, la más baja en dos años. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) llegó a un alza del 3,7% y la Total (CBT), del 2,8%.

Por otra parte, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), asociado a los costos de producción y reposición de productos, mostró un alza del 3,5%. El IPIM se conforma con un componente de productos nacionales, que exhibió un alza del 4%, y uno de importados, que dio una variación negativa del 2,1%. Lo que ratifica la importancia de la estabilidad del tipo de cambio para que la política económica se sostenga, porque es la principal causa de la desaceleración de precios.

A raíz de los datos más recientes sobre la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), correspondientes a abril, Milei celebró que los salarios estén presentando una recuperación en términos reales. Un reparo que circuló es que como la RIPTE no computa los conceptos no remunerativos que se integran a los ingresos de los trabajadores, puede perder valor como referencia del salario que se percibe por el empleo formal.

Sin embargo, en tanto se trate de un promedio homogéneo, no es plausible desacreditar la precisión indicativa de la RIPTE. Por otra parte, con una desaceleración del nivel de precios de la magnitud que se observa, es esperable que los salarios se adelanten transitoriamente.

Lo que debería cuestionarse es si el gobierno realmente puede permitir que se alcance una recuperación del salario en relación con el estado al que cayó al iniciar esta política económica. E incluso con anterioridad al comienzo del gobierno, porque sería ese cambio el que le daría relevancia a LLA como movimiento político, y, en consecuencia, perdurabilidad.

El caso contrario comporta un agravamiento de la tendencia continua hacia el empobrecimiento que aqueja a la población desde 2018, y parece preocupante al tener en cuenta que según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la pobreza en el primer trimestre de 2024 alcanzó al 55% de la población.

Al plantear el problema en estos términos, los matices se ven con mayor facilidad. Tomando la RIPTE de noviembre, que es el último dato previo al de la puesta en práctica de esta política económica, y deflactando los valores posteriores con el IPC, se constata que, efectivamente, en abril se produce una mejora. Pero todavía se mantiene 11 puntos y medio por debajo de su valor de noviembre, y apenas se recuperan dos puntos frente al mes de inicio de la política económica.

Análogamente, si se la compara con la CBA y la CBT, el peso de éstas sobre el total de la RIPTE desciende entre diciembre y abril, pero sigue siendo superior al que alcanzaban en noviembre. Más importante es destacar la distancia creciente con sus niveles de diciembre de 2017, el año en el que inicia la declinación en el nivel de vida de los argentinos.

Mejor no hablar del control cambiario

La estabilidad del tipo de cambio no sería posible sin la continuación de la acumulación de reservas, que se debe más al descenso de las importaciones que trajo aparejada la disminución de actividad económica que a la recuperación de las exportaciones, cuyo valor no es particularmente elevado en comparación con años anteriores a 2023, cuando se vieron afectadas por la sequía.

Esto permite inferir que, de recuperarse la economía, la acumulación de reservas, que desde abril permanece estancada, se volvería más dificultosa. Hacerlo es necesario para poder avanzar en la remoción de los controles cambiarios, un objetivo que los integrantes del gobierno reivindican en sus apariciones públicas, pero en torno al cual subyace una gran ambigüedad en términos prácticos.

Producto de la peculiar decisión de llevar adelante una devaluación significativa del tipo de cambio Peso-Dólar sin modificar el régimen cambiario y disminuyendo las tasas de interés, es que el gobierno alentó una bicicleta financiera que ante un eventual desmantelamiento del control cambiario podría, en las condiciones actuales, conducir al desastre.

Por tales razones las autoridades del Fondo Monetario Internacional, en el comunicado emitido el 13 de junio con posterioridad a la octava revisión del acuerdo que mantiene con Argentina desde 2022, sugiere que las tasas de interés deberían ubicarse por encima de las variaciones del IPC, para promover el posicionamiento de los ahorristas en instrumentos denominados en Pesos. También insisten en la necesidad de eliminar el esquema del Dólar preferencial para la exportación con un valor determinado al 80% por el del Dólar MEP y al 20% por el del tipo de cambio oficial, y el Impuesto País.

Se trata de una forma de administración cambiaria heredada de la gestión de la economía encabezada por Sergio Massa, que tenía la función de disminuir los costos de las restricciones e incentivar la realización de exportaciones en una situación que tendía inherentemente a desalentarlas. El mismo uso adquirió el swap con China, cuya renovación reciente es interpretada como otro “éxito”, permitiendo mantener las importaciones sin recurrir inmediatamente a los Dólares para pagarlas.

Ante ese contexto, en una comunicación propia en la que se reseña el avance sobre el acuerdo con el FMI, el BCRA enunció que “contempla avanzar en la liberación de controles cambiarios y en una mayor flexibilidad cambiaria siempre y cuando estas medidas no impliquen riesgos excesivos para el proceso de reducción de la inflación (…) El proceso lo definirán las propias autoridades de Argentina contemplando la evolución de las variables económicas relevantes, quienes compartirán con el FMI los parámetros que serán monitoreados, sin incluir compromisos de fechas o medidas específicas”.

Indicios y palabras

Vistos en detalle, los “éxitos” en materia económica de la semana anterior tienen algo en común: no se asocian en lo más mínimo a la capacidad de llevar adelante un programa que extinga las estructuras de poder existentes y modifique las condiciones macroeconómicas en aras de alcanzar una mayor tasa de crecimiento de la economía. Por el contrario, las segundas se conservan alcanzando cierto grado de acuerdo con las primeras.

Se podría decir que la Ley Bases sintetiza la sinergia sugerida. La aprobación que obtuvo el gobierno en la Cámara de Senadores se alcanzó resignando algunos de sus aspectos más controvertidos, la mayoría de los cuales se limitaron en gran forma en relación con el proyecto original que se abortó en febrero.

La falta de vigor de la oposición impidió que los rasgos más lesivos del texto aprobado se modificaran hasta neutralizarse. Por ejemplo, se aceptó sin objeciones el dictamen sobre el RIGI que propuso Martín Lousteau, que posterga los tiempos de exención de la obligación de liquidar divisas para las exportaciones resultantes de los proyectos que estén bajo el alcance del régimen, pero no se la elimina. Cuando esta es la determinación más perjudicial de ese régimen (aún peor que la falta de participación de los proveedores nacionales), y si bien en el futuro podría revisarse, acarrearía costos por la intervención del CIADI.

Se trata de una de las evidencias de la escasa vocación de conducción que lamentablemente evidencia el campo popular. En su ausencia, el gobierno se encuentra con una macroeconomía en la que predomina la perdurabilidad de los condicionantes al crecimiento económico.

La estabilización de los precios y los salarios, en un umbral más bajo para estos, y la continuidad de los mecanismos de control de daños sobre la administración cambiaria lo evidencian. Frente a las inquietudes que despierta en el FMI que le pidan fondos para continuar con el mismo esquema o poder evitar asumir los costos de su desarme, las autoridades del equipo económico evitan pronunciarse, festejando en cambio lo bien que marchan las cosas.

Devaluar y comenzar de nuevo es posible. Pero la impopularidad política a la que se sometería el gobierno, si acaso fuese remontable, lo forzaría a trabajar con herramientas políticas que escapan a la capacidad o la voluntad de sus miembros.

Por caso, la sugerencia recurrente del FMI de atender a la población más vulnerable (reiterada en el último análisis sobre el acuerdo) no es advenediza. Los dirigentes de LLA presumen de batallar contra los gerentes de la pobreza cuando en realidad atacan a los pobres, a la vez que buscan mantener la estabilidad social perjudicando lo menos posible al resto, pero sin dejar de degradar sus condiciones materiales. Evidentemente se sienten más cómodos con ese estado de cosas que reconociendo la necesidad que el FMI, con razón, les señala.

En cuanto a lo estructural, ningún esquema macroeconómico basado en la continuidad de una recesión puede dar lugar a una administración nacional duradera. La mejora de los salarios dentro de la propia debacle que provocó el gobierno es una prueba de que mantener su descenso en el corto plazo hubiese sido insostenible, pero eso no quiere decir que esa trayectoria sea permanente.

Si la voluntad del gobierno es que la economía continúe avanzando como está, que es lo que los indicios sugieren en contraposición a las palabras, en cuanto la recuperación de los salarios y la actividad se encuentre en tensión con el esquema cambiario se volverá a inducir a la recesión, con el nivel de vida de la población fluctuando en períodos breves pero siempre dentro de una trayectoria de largo plazo descendente.