La Constitución de 1949 fue derogada por un bando militar en 1955, por lo tanto técnicamente está vigente. Héctor “gringo” Amichetti se manifiesta en algunos aspectos y muestra como se contrapone algunas supuestas virtudes de la Constitución de 1853 con relación a la  Constitución Justicialista.

Héctor Amichetti dice: “A lo largo de la historia reciente de nuestro país se ha atacado la propuesta de reforma constitucional con el argumento de que sólo responde a intenciones subalternas como por ejemplo, permitir una reelección presidencial.

Vale la pena señalar alguno de los aspectos más salientes de aquella Constitución del ‘49 sancionada por la necesidad de contar con un instrumento legal imprescindible para acompañar una auténtica revolución nacional, económica y social que puso por primera vez en el centro de la escena los valores humanos y el bien común por encima de todo interés. Saludando el contenido de la nueva constitución, don Raúl Scalabrini Ortiz afirmaba que las ideas que sirvieron de base a la Constitución de 1853 fueron las que propiciaba el extranjero, analizando pormenorizadamente los textos de su principal promotor, Don Juan Bautista Alberdi.

Me permito en esta nota hacer la comparación de algunos de los aspectos centrales que muestran el extraordinario avance que habíamos logrado con la sanción de aquella memorable Carta Magna».

Capital y Estado

Para Alberdi el Estado era el peor enemigo de la riqueza del país. “El gobierno que se hace banquero, asegurador, martillero, empresario de industria en vías de comunicación y en construcciones de otro género, sale de su rol constitucional y se excluye de esos ramos a los particulares, entonces se alza contra el derecho privado y contra la Constitución”, opinaba Alberdi. Y agregaba: “La Constitución Federal Argentina de 1853, es la primera en Sudamérica que ha consagrado principios dirigidos a proteger directamente el ingreso y establecimiento de capitales extranjeros”.

Por el contrario, Para Perón, don Arturo Sampay y los constituyentes del ‘49: “El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. La organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo dentro de un andén económico conforme los principios de la justicia social. El Estado podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salva-guarda de los intereses generales. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos por su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidas al Estado” establecía sus artículos 39 y 40 de la nueva constitución de 1949.

Trabajo y salario

Destacando supuesta virtud de la Constitución de 1853, Alberdi opinaba: “La libertad protege al capital de muchos modos…” La Constitución asegura a los capitales la plena libertad de determinar el salario. “El salario es libre para la Constitución como precio del trabajo y su tasa depende de las leyes normales del mercado… Garantizar trabajo a cada obrero sería tan impracticable como asegurar a todo comprador un vendedor, a todo abogado un cliente, a todo médico un enfermo. La ley no podrá tener ese poder sino a expensas de la libertad y de la propiedad”.

Para Perón, don Arturo Sampay y los constitucionales justicialista del ‘49, “el trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad. El derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad considerándolo con la dignidad que se merece y proveyendo ocupación a quien la necesite. Siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales”. Determinaba en su artículo 37 de la Constitución de 1949.

Propiedad

Alberdi destaca las garantías acordadas y la propiedad por la Constitución de 1853, de esta manera: “Considerada como principio general de la riqueza y como un hecho meramente económico la Constitución Argentina consagra la propiedad en su artículo 17. La economía política más adelantada y perfeccionada no podría exigir garantías más completas en favor de la propiedad como las que cuenta la Constitución, que ha consagrado el derecho amplísimo de usar y disponer de su propiedad, echando un cerrojo de hierro a los avances del socialismo y preservando la del peligro de ser atacada por el Estado en nombre de la utilidad pública”.

Con un sentido absolutamente opuesto a Aquella visión liberal, los convencionales consagraron aquel 11 de marzo de 1949, una nueva Constitución en su artículo 38 establecía: la propiedad privada tiene una función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines del bien común.

Un pasado que debemos convertir el futuro

Repasar algunos de los aspectos de la Carta Magna sancionada en marzo de 1949 bajo la necesidad de consolidar aquel proceso revolucionario en favor de los trabajadores y de la inmensa mayoría de los habitantes de nuestra nación, resulta útil hoy para instalar el debate urgente sobre una nueva Constitución Nacional.

Nuestro deber es preparar desde ahora las herramientas imprescindibles para conquistar en esta nueva oportunidad y en forma definitiva el auténtico poder del pueblo.

Héctor Amichetti, Secretario General de la Federación Gráfica Bonaerense

• Del libro: Constitución de 1949 – Actualidad y vigencia-