DETENIENDO EL CONTRA – ATAQUE DE LA DERECHA
Luciano Siqueira líder del PC do B en Pernambuco
Por Luciano Siqueira
La aprobación en la Cámara de Diputados el miércoles (17/9) de la urgente necesidad de un proyecto de ley que amnistiara a quienes participaron en golpes de Estado constituye una contraofensiva a la condena de Jair Bolsonaro y de otros integrantes del «núcleo crucial» de la organización criminal golpista, una coalición de extrema derecha y de derecha, en sintonía con los ataques del presidente estadounidense Donald Trump.
La maniobra podría resultar en una amnistía para Bolsonaro y sus comparsas, lo que ha provocado una intensa indignación y revuelo entre la ciudadanía democrática del país.
La extrema derecha se manifiesta en el día de la Independencia de Brasil con banderas de EEUU y del Estado genocida de Israel
El plan golpista para la amnistía aún no se ha concretado, lo que pone de relieve la batalla en curso. Si la propuesta se aprueba en la Cámara de Diputados, se enfrentará a la resistencia en el Senado, empezando por el presidente Davi Alcolumbre (União-AP).
Y, finalmente, al veto del presidente Lula. En otras palabras, si este plan golpista prospera, provocará una crisis institucional, un conflicto entre los poderes legislativo y judicial, este último con el apoyo del ejecutivo.
Así los «patriotas» bolsonaristas festejaron en día de la independecia de su país
El consorcio reaccionario también aprobó la Propuesta de Enmienda Constitucional de Blindaje (PEC), que prohíbe el inicio de procesos penales contra diputados y senadores sin autorización parlamentaria. Se trata de una especie de blindaje, que incluye el voto secreto para autorizar el inicio de estos procedimientos. Incluso sectores de la derecha protestaron, revelando contradicciones en este ámbito.
La PEC debe tramitarse en el Senado y seguramente será impugnada por el Supremo Tribunal Federal (STF), que ya emitió un comunicado a través del juez Dias Toffoli, solicitando información a la Cámara de Diputados en un plazo de diez días información a la Cámara de Diputados. En el Supremo Tribunal Federal, una mayoría informal, ya perceptible, está convencida de la inconstitucionalidad de la amnistía.
La defensa de la democracia se vuelve aún más urgente ante estas maniobras. Derrotar el plan de amnistía es una condición fundamental para que Bolsonaro y sus secuaces reciban un castigo ejemplar, además de consolidar la convicción de que cualquier intento de golpe de Estado es inaceptable. La amnistía sería la victoria de la conspiración orquestada contra Brasil por Trump, el clan Bolsonaro y la extrema derecha contra los derechos del pueblo, la democracia y la soberanía nacional.
Derrotarlo es la gran tarea de las fuerzas democráticas, patrióticas y populares, mediante un fuerte movimiento nacional contra la conspiración orquestada por Trump y los traidores a la patria, incluyendo a otras figuras del bolsonarismo, como el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. El núcleo de este movimiento es la movilización popular, la lucha en las calles, en conjunto con sectores democráticos del Congreso más allá de las bases del gobierno de Lula, y la búsqueda de apoyo en la centroderecha para neutralizar y aislar a los bolsonaristas de extrema derecha y otros segmentos vinculados a ellos.
En la batalla callejera, las manifestaciones de este domingo (21) contra la Enmienda de Vehículos Blindados (PEC) y la amnistía son de suma importancia. La indignación, expresada con fuerza en las redes sociales, debe extenderse a las calles, avenidas y plazas para derrotar estos dos ataques a la democracia.
Impresionante bandera de los EEUU el día de la independencia de Brasil
La presión en las calles y las conversaciones con el sector demócrata en el Congreso Nacional deben converger para incluir en la agenda lo que Brasil necesita: la exención del impuesto sobre la renta para quienes ganan hasta R$5.000, tributos a los superricos, la Enmienda de Seguridad Pública (PEC), la reducción de la jornada laboral de 6×1 (modelo de jornada laboral en el que el trabajador labora durante seis días consecutivos y luego tiene un día de descanso semanal remunerado), la asignación de recursos para preservar las empresas y los empleos afectados por el aumento de aranceles de Trump-Bolsonaro, y nuevos programas sociales.

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