Por Guadalupe Carrera*

En un contexto en el que la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión arterial, continúan aumentando en Argentina y en el mundo, la discusión sobre el futuro de la Ley Nacional Nº 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable trasciende lo regulatorio y se inscribe en el debate sobre el derecho a la información.

Sancionada en 2021, la ley incorporó el etiquetado frontal mediante octógonos negros que advierten cuando un alimento o bebida contiene cantidades excesivas de azúcares, sodio, grasas o calorías. También estableció medidas vinculadas a la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes (NNyA), la promoción de entornos escolares más saludables, la educación alimentaria y nutricional y determinados criterios para las compras públicas de alimentos.

La importancia de esta normativa se comprende mejor al observar la situación epidemiológica actual. Según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2) del Ministerio de Salud de la Nación, más de 6 de cada 10 personas adultas presentan exceso de peso, mientras que esta problemática afecta a más de 4 de cada 10 NNyA. La obesidad constituye hoy una de las formas más prevalentes de malnutrición en nuestro país y uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de ECNT.

Los datos nacionales muestran además un empeoramiento de los patrones alimentarios durante las últimas décadas, caracterizado por un aumento sostenido del consumo de productos ultraprocesados y una ingesta insuficiente de alimentos recomendados, como frutas y verduras. Esta situación resulta particularmente preocupante en los NNyA, que presentan patrones alimentarios significativamente menos saludables que los observados en la población adulta. Al mismo tiempo, el exceso de peso y los patrones alimentarios menos saludables afectan con mayor intensidad a los grupos socialmente más vulnerables.

Otro dato relevante es que, antes de la implementación de la ley, solo una minoría de la población lograba comprender adecuadamente la información nutricional presente en los envases. La evidencia también muestra una importante influencia de la publicidad y otras estrategias de marketing sobre las decisiones de consumo, especialmente durante la infancia. Estos aspectos ayudan a comprender por qué la normativa incorporó herramientas que exceden el etiquetado frontal.

Durante los últimos meses se impulsaron iniciativas orientadas a modificar aspectos centrales de la ley e incluso propuestas de derogación total o parcial. En este contexto, la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) planteó la necesidad de revisar el sistema de perfil de nutrientes utilizado por la normativa. Sin embargo, también manifestó la importancia de preservar el etiquetado frontal y fortalecer componentes vinculados a la regulación de la publicidad, los entornos escolares y la educación alimentaria y nutricional.

Existen, sin dudas, aspectos técnicamente discutibles y potencialmente mejorables. Sin embargo, la eventual derogación de la ley genera preocupación porque podría implicar la pérdida de herramientas destinadas a mejorar los entornos alimentarios, fortalecer el acceso a información clara y promover condiciones más favorables para la salud de la población.

La alimentación adecuada es un derecho humano reconocido internacionalmente. Desde esta perspectiva, las elecciones alimentarias y sus efectos sobre la salud no dependen exclusivamente de decisiones individuales, sino también de factores sociales, económicos, culturales y ambientales que condicionan las posibilidades reales de elegir. En este sentido, la información disponible, la publicidad, la accesibilidad de los alimentos y las políticas públicas influyen en esas decisiones y pueden ampliar o limitar dichas posibilidades.

En un escenario en el que las ECNT continúan creciendo y donde el deterioro de los patrones alimentarios afecta a toda la sociedad —aunque con mayor impacto en la infancia y en los sectores socialmente más desfavorecidos— resulta necesario fortalecer el debate sobre estas herramientas, a partir de la mejor evidencia científica disponible, reconociendo que el acceso a información clara es una condición necesaria para ejercer el derecho a una alimentación adecuada y que esta constituye un pilar fundamental del derecho a la salud.

*La autora es profesora Adjunta de “Toxicología”, “Nutrición y Análisis de Alimentos” y “Fundamentos de Nutrición” en las carreras de Alimentos de la UNNOBA. Licenciada en Nutrición (UBA) y Magíster en Política y Gestión de la Seguridad Alimentaria (UNR).

Fotos: Lautaro Chiesa

El Universitario es el periódico digital de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).