Escribe Héctor Pellizzi

La base es la misma, los métodos son diferentes

Perón ya había previsto la evolución del peronismo.

El mostró un peronismo vigoroso, seguro de sí mismo, que realizó en sus primeros años transformaciones muy importantes y que se dispuso tanto a reflexionar como a ordenar e institucionalizar lo realizado mediante la Constitución del 49.

El peronismo ya en sus albores dio un paso en una disputa sobre lo que era la experiencia peronista y su fundamento metafísico; replanteando, además, su relación con el mundo intelectual y cultural de Argentina. Perón le habló a ese mundo; y le habló al mundo a partir de un pensamiento situado aportando preguntas y soluciones que, desde este rincón del planeta, se pensaron para toda la humanidad.


Ya no vivimos en un mundo de certezas y relatos totalizantes. Hoy estamos lejos de esa pretensión que tenía J. D. Perón en la Comunidad Organizada que era una apuesta interpretativa de validez universal. Pero si no podemos pensar por toda la humanidad sí podemos rescatar el gesto: podemos pensar por nuestra patria y nuestra región, partiendo de nuestra realidad y pensando categorías para los desafíos que tenemos frente a nosotros. El siglo XXI, en nuestro continente, se inició con importantes transformaciones que actualizaron nuestra agenda de problemas y debates que el consenso neoliberal suponía perimidos. El camino no es sencillo: los pueblos avanzan y retroceden, y siempre hay quienes quieren volver todo atrás. (Del prólogo: Perón-La Comunidad Organizada – 1949).


La comunidad Organizada no sostenía un Estado omnipresente que todo lo solucionaba, el problema es que las toneladas de bombas que cayeron sobre Plaza de Mayo, también sepultaron la historia del peronismo en su esencia.
Y llegamos al siglo XXI con una realidad totalmente opuesta al primer peronismo en lo que a clase trabajadora se refiere, ya que la Constitución del 49 contemplaba el derecho al trabajo, es decir que era inconstitucional no tener trabajo. Hoy de una población de 30 millones en condiciones de laborar, 14 millones de ellos no tienen ingresos propios, tanto sean los que trabajan sin registro, que representan alrededor de 4 millones, los y las que trabajan en domicilios, los estudiantes que trabajan, los cuentapropistas pobres que no se encuadran en la “meritocracia” y que serían tal vez más de 7 millones.


Esta es la realidad con que se encuentra el gobierno, además de aquellos trabajadores registrados que ganan por debajo de la canasta familiar. Seguramente no va encontrar en las viejas recetas, como el “derrame” o “el mercado lo arregla”, soluciones contundentes a la distribución de la riqueza que en el primer peronismo era el aumento del salario y el IAPI. Organismo que operaba como el único comprador de cereales en el mercado interno, similares a los de un sistema de derechos de exportación perfectamente móviles, que aislaba totalmente al mercado local del internacional.
Este organismo funcionó hasta el 16 de septiembre de 1955, cuando la revolución fusiladora ordenó su disolución.

Hoy la realidad nos indica que hay que potenciar otros mecanismos porque los índices de la precariedad del empleo y del trabajo empujan al Ejecutivo a tomar urgentes medidas en cuanto a distribución de riquezas, dado que la ausencia de ella genera pobreza e indigencia.

El salario universal puede ser un paliativo para que los trabajadores lo incorporen a sus menguados ingresos, sabiendo que el pleno empleo tiene una lucha desigual con la tecnología, la robótica, la informática, etc.

Partamos de la base que los niño/as de hoy no saben en qué van a trabajar cuando tengan 22 años, porque ninguno de los trabajos actuales, con raras excepciones, van a existir. Sabemos entonces que la distribución de riqueza bajará los índices de pobreza y para eso se deben implementar múltiples mecanismos que van desde la disminución de las horas de trabajo, pasando por el desarrollo económico, hasta la reforma agraria moderna que también distribuirá el mapa demográfico.
La base seguirá siendo la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.

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