El Consejo Nacional Armenio (CNA) y la Organización de Letrados Argentino-Armenios (OLAA) presentaron el 8 de noviembre una ampliación de la denuncia ante la justicia federal de Argentina en el juzgado del juez Julián Ercolini para investigar los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército de Azerbaiyán durante los ataques y la invasión contra Armenia del pasado 12 de septiembre, que se sumarían a los delitos contra la población de Artsaj (Nagorno Karabaj) durante la guerra de 2020.

La denuncia había sido radicada por Alfonso Tabakian, presidente de la Fundación Consejo Nacional Armenio para la Defensa de los Derechos Humanos, con el patrocinio de la Dra. Luciana Minassian, de la Dra. Irene Victoria Massimino y Dr. Juan Kassargian en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11 ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Según consta en la ampliación, los crímenes por los que se acusa a “miembros de las Fuerzas Armadas de la República de Azerbaiyán y otros posibles responsables” son “delitos de homicidios agravados por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión (art 80 inc. 4° CP); homicidios agravados por ensañamiento y alevosía (art. 80 inc. 2° CP); Homicidios agravados con el concurso premeditado de dos o más personas (art. 80 inc. 6° CP); tortura (art 144 ter CP); omisión de evitar torturas (144 ter CP); vejaciones (art 144 bis CP), entre otros, previstos y penados por los mencionados artículos del Código Penal”.

“La denuncia radicada por la Asociación que suscribe en junio de 2021 fue originada por los delitos cometidos durante la guerra de agresión iniciada por Azerbaiyán el día 27 de septiembre de 2020 y conocida como la Guerra de los 44 días. La presente se fundamenta en los crímenes cometidos por las fuerzas azeríes en parte del territorio de la República de Armenia en las primeras horas del 13 de septiembre de 2022.

En dicho momento las Fuerzas Armadas de la República de Azerbaiyán lanzaron un ataque masivo y coordinado contra la República de Armenia, a lo largo de la frontera este y sudeste, deliberadamente atacando las ciudades fronterizas de Kapan, Goris, Kharashen, Verishen, Khnatsakh, Kornidzor, Khoznavar, Ishkhanasar, Tchakaten, Nerqin Hand, Tsav, Davit Bek, Artanish, Srashen, Jermuk, Vardenis, Sotk, Norabak, Kut, Geghamasar, y otras comunidades fronterizas en las provincias de Gegharkunik, Vayodz Dzor y Syunik, dentro de Armenia.

Las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán utilizaron artillería pesada, morteros de diferentes calibres, drones, armas de largo calibre, y sistema múltiple de lanzamiento de cohetes”, explicó la presentación judicial. “El ataque militar de Azerbaiyán fue acompañado de numerosas violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos. Asimismo, dicha agresión militar no solo viola la integridad territorial y la soberanía de la República de Armenia, sino que también constituye una clara violación al artículo 2 (4) de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y al Acuerdo Tripartito (Azerbaiyán, Armenia y Rusia) de cese al fuego aún vigente, suscrito el 9 de Noviembre de 2020 para poner fin a las acciones bélicas de la mencionada Guerra de los 44 días y mediante el cual las partes se obligan a permanecer en sus posiciones actuales”.

“En esta ampliación de la denuncia, reiteramos la solicitud inicial, debido a la ausencia de investigaciones al respecto y a la tendencia de la República de Azerbaiyán de premiar, en lugar de castigar, a los perpetradores de los crímenes. Los crímenes que a continuación se detallan son sólo algunos de los cometidos durante la agresión sufrida el 13 de septiembre”, finalizó el texto.

Sobre la universalidad de la jurisdicción, según explicaron los autores de la denuncia, las acciones del Estado de Azerbaiyán constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo que incumplen la Declaración Universal de Derechos Humanos que firmaron todos los países miembros de las Naciones Unidas. Al no ejercer Azerbaiyán su jurisdicción penal por ser el propio Estado el responsable, esa territorialidad es cedida y cualquier país del mundo puede ejercer la jurisdicción universal y condenar esos crímenes.