En relación a los discursos y trascendidos mediáticos, en lo que respecta a las partidas nacionales
para las obras sociales que van dirigidas a los prestadores que atienden a personas con
discapacidad, desde la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación se comunica que no
existe ningún recorte presupuestario ni tampoco decisión de ajuste alguno por parte del
gobierno nacional.
Para esta administración es de suma importancia hacer llegar la voz oficial, y por sobre todo la
tranquilidad a todas las personas con discapacidad y a sus familiares, como así también a todos
los prestadores de que no hay ni va a haber decisión política que vaya en detrimento de sus
derechos.
La determinación del gobierno nacional ha sido siempre en favor de acompañar a las
personas con discapacidad. Es por ello que, desde el 2019 a la fecha se aumentó en un 320% el
valor de las prestaciones.
En lo que respecta al último período facturado (junio), y que se encuentra en proceso de pago, se
comunica que, del total de las Obras Sociales, 216 ya percibieron el 100%, 16 recibieron entre un
99%y un 50%, 12 de ellas entre un 49% y un 30%, y el resto (13) entre un 29% y un 0%.
Asimismo, es pertinente informar que mensualmente se destinan $ 10.000.000.000 (diez mil
millones de pesos), a 93 mil beneficiarios con discapacidad, para el pago de dichas prestaciones.
Estas erogaciones son financiadas a través del Fondo Solidario que se nutre de los aportes y
contribuciones de los trabajadores y las trabajadoras (Ley 23.661), y que se encuentra fuera del
presupuesto nacional, exento de ajustes o modificaciones y sujeto a la recaudación a cargo de la
AFIP, protegido por ley.
Por otro lado, en relación a los períodos 2020, 2021 y 2022, la Superintendencia de Servicios de
Salud de la Nación, como organismo de control, validó 60.000 facturas mensuales de 45.000
prestadores. Esto implica un total de 1.900.000 facturas, de las cuales solamente 3.000 fueron
reclamadas por los prestadores, lo que equivale al 1,5% del total.
Por último, es necesario aclarar que este organismo regula a las Obras Sociales nacionales y
prepagas. Se encuentran excluidas de nuestra órbita las obras sociales provinciales, de los poderes
judiciales y legislativos, como así también de las Fuerzas Armadas y Universidades Nacionales.
Buenos Aires, 9 de septiembre 2022.
