Vigencia de la pena de muerte
Guillermo Torremare, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Abogado. Magister en Derechos Humanos, opinó para Télam sobre la muerte de Lucas González, el adolescente de 17 años de la sexta división del club Barracas Central que fue baleado en la cabeza por un efectivo de la Policía de la Ciudad cuando circulaba con tres amigos en un auto por el barrio porteño de Barracas.
Guillermo Torremare
En los albores de la recuperación democrática, el criminólogo Elías Neuman solía decir a sus estudiantes que estaba dispuesto a aceptar la pena de muerte como sanción penal a cambio de que la misma no sea practicada frecuentemente, en forma sumarísima y extrajudicial, por las fuerzas de seguridad.
Lucas González
Claro que Neuman no aceptaba la pena de muerte, pero con aquella provocadora expresión quería demostrar que, más allá de la prohibición legal, la misma existía, estaba en manos de las policías y era ejecutada sin trámite previo.
Días pasados, con 48 horas de diferencia, la policía porteña fusiló a Lucas González, de 17 años; y su par bonaerense asesinó -de manera aún incierta- a Alejandro Martínez, de 35.
Esos no son hechos aislados. Desde 1984 hasta el presente fueron más de 5.000 las personas muertas a consecuencia del accionar de distintas fuerzas de seguridad. Una primera mirada nos hará ver la mala formación y la irrefrenable tendencia a la comisión de abusos de todo tipo por parte de los uniformados.
Pero ello no es todo. La violencia estatal muchas veces es justificada y aún promovida por un amplio espectro de autoridades públicas y aspirantes a serlo, quienes actúan al compás del ritmo que les imponen algunos mediáticos comunicadores irresponsables. Estas expresiones, que cabalgan sobre una realidad no exenta de conflictos e injusticias, contribuyen a la creación de un sentido común en gran parte de la población, que avala acciones represivas por fuera de la ley, sin importar magnitud y consecuencias.
Se impone con urgencia trabajar en un completo programa preventivo, que haga eje en la educación en derechos humanos, con la finalidad de revertir la falsa idea de que la represión estatal a quienes sean visualizados como sospechosos o diferentes nos dará seguridad.
Mientras no lo hagamos, la pena de muerte, aplicada en forma sumarísima y extrajudicial, continuará en vigencia.
