La UCR santafesina impugnó al presidente de la Corte, Rosatti, por proteger a un genocida
Hubo un tiempo en que los radicales, en la tradición de –entre otros– Crisólogo Larralde, Arturo Illía y Raúl Alfonsín– se reivindicaban como defensores de los derechos humanos.
Esa posición tuvo expresiones claras durante el menemismo y, al menos, hasta la llegada a la Presidencia de Fernando De la Rúa.
Así ocurrió a fines del siglo pasado cuando el Bloque de Legisladores radicales de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe pidió sobre tablas que se investigara el ingreso como funcionario a dicha municipalidad ¡a la Secretaría de Cultura! de Eduardo Alberto «El Curro» Ramos, un ex oficial de la policía santafesina, represor, secuestrador, torturador y violador que, para colmo había sido exonerado y purgado una larga condena por delitos como asalto a mano armada y abuso de menores, lo que ya de por si, prohibía su incorporación a la municipalidad.
Patricia Isasa
La iniciativa fue respaldada por todos los bloques opositores al gobierno justicialista del intendente Horacio Rosatti.
Que se hizo el tonto, el sueco, el oso.
Porque siguió protegiendo a semejante delincuente polimorfo, lo que dio aire a los rumores de que Ramos le prestaba servicios personales.
Rosatti sabía perfectamente quien era Ramos: Patricia Isasa se lo había contado personalmente y con toda claridad y detalle. Y ofreciéndole prueba de sus dichos.
Por lo que aquí lo hemos calificado, sin ambages, de « indigno».
A riesgo de ser reiterativo:
Isasa le dijo a Rosatti que Ramos había sido condenado por privación ilegal de la libertad y robos reiterados, ambos en concurso real, a la pena de “16 años de prisión, más reclusión por tiempo indeterminado, en suspenso por única vez”. Y que había sido cesanteado de la policía por Decreto 428/79; y exonerado por Decreto 2443/84. Por lo que estaba inhabilitado para haber ingresado y permanecer en un empleo público. No solo se lo dijo sino que le entregó en mano documentación respaldatoria. Rosatti ignoro la denuncia y Ramos permaneció en su puesto durante todo su mandato.
Ocho meses después y luego de que el juez Garzón imputara a Ramos y a otros cinco represores por “Genocidio, Terrorismo de Estado y Torturas”, se produjo la iniciativa de los concejales radicales, secundada por todos los bloques opositores.
A la que Rosatti hizo caso omiso.
Para entonces, para más escarnio, el gobierno de la provincia había expulsado a otro de los torturadores de Patricia, cuya captura internacional, al igual que la de Ramos, había pedido el juez Garzón: el comisario Héctor Romeo «El Pollo» Colombini, subjefe del Departamento de Drogas Peligrosas. Un cargo mucho más importante que el que tenía Ramos.
