El ajuste por consensos no existe. De año a año, las transferencias corrientes, que incluyen los pagos por prestaciones sociales que realiza PAMI, las asignaciones familiares, las transferencias para la compra de alimentos y los refuerzos para jubilaciones y pensiones que se mencionaron antes, crecieron al 114,6 por ciento.

Con la orientación que asumió el gobierno que inició su ejercicio el 10 de diciembre del año anterior, era previsible que derivase prontamente en conflictos y malestar, por una razón sencilla: vulnerar salvajemente el nivel de vida de la población y los recursos económicos del poder político al mismo tiempo, es un mal negocio para todo el mundo. Transcurrido un tiempo, se crean incentivos entre los representantes de distintos segmentos de la población argentina para asumir una oposición abierta.

Parte de esto ya se está manifestando, aunque nada indica que tal estado de cosas subyacente emerja de manera inmediata en su plenitud. Eso depende de la resolución y la lucidez de la dirigencia política nacional, que en los últimos dos meses se mostró vacilante, aun cuando se produjeron expresiones de rechazo extendidas hacia las acciones del oficialismo en un tiempo breve.

Las reacciones están tomando envergadura a medida que se acrecienta la degradación del sistema político, y también de algunos sectores económicos sobre los cuales, como es inevitable, repercute la recesión que atraviesa la economía, consistente en la disminución de su producción como respuesta a la caída de sus ventas.

Lo primero se puede verificar en la disputa que en la actualidad mantienen el Presidente y los gobernadores por el retaceo de fondos nacionales. Lo último en las múltiples historias de paradas de planta y suspensión de personal por parte de empresas que hoy se comentan en los medios de comunicación, entre las que se destaca por su importancia el cese de operaciones de Acindar durante 30 días.

Esta situación habilita un interrogante: ¿es posible para el gobierno revertir su suerte adversa con la política y continuar desenvolviendo esta gestión de la economía, sin producir una inestabilidad endémica? Para saberlo es necesario aislar los principales los datos del problema, y detenerse sobre su significado

La fisonomía de la recesión

El estimador mensual de actividad económica (EMAE), un indicador que permite conocer el avance del PBI en forma mensual y se utiliza para anticipar la tendencia de los datos finales que se elaboran para cada año, mostró en diciembre un descenso del 3,1 por ciento sobre su nivel del mes anterior.

Fue el mayor descenso mensual en todo el año, pero en sí mismo no dio inicio a una tendencia recesiva. Lo cual se deduce de que, si bien en diciembre se constató una de las mayores reducciones de 2023 frente a los mismos meses del año anterior (4,5 por ciento), no fue la más alta: fue superada por los indicadores de mayo y junio. Lo que es evidente es que se consolidó la trayectoria de contracción en el año, que finalizó acumulando el 1,6 por ciento sobre el valor de 2022.

Este dato se complementa con dos indicadores más específicos: el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) y el grado de utilización de la capacidad instalada en la industria. Para diciembre de 2023, el IPI tuvo una declinación del 5,4 por ciento frente a noviembre, del 12,8 por ciento frente al mismo mes de 2022, y del 1,8 por ciento en el total de 2023. El grado de utilización de la capacidad instalada se redujo al 54,9 por ciento en el conjunto de las ramas de actividad, frente al 66,4 por ciento de noviembre y el 63,8 por ciento que había alcanzado en diciembre de 2022.

Los indicadores de demanda, que son menos lineales comparados con los que miden el nivel de actividad, también dan cuenta de una caída pronunciada. El índice desestacionalizado de ventas a precios constantes que se difunde en la encuesta de supermercados que publica el INDEC acusa una reducción del 4,6 por ciento entre noviembre y diciembre. El que corresponde a la encuesta de autoservicios mayoristas marca un descenso del 9,2 por ciento.

Además de los guarismos oficiales, la contracción de la actividad económica se corrobora en las estadísticas que difunde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), cuyos datos se extienden a enero. El índice de ventas minoristas que elabora la entidad mostraba una disminución interanual en diciembre, del 13,7 por ciento, y en enero alcanzó el 28,5 por ciento. En esos dos meses el índice de producción industrial tuvo caídas interanuales del 26,9 por ciento y el 30 por ciento, respectivamente.

El sector público

La cuestión fiscal, en la cual se originan gran parte de los conflictos directos del gobierno, merece una mención particular. Según informa el Ministerio de Economía, en diciembre los ingresos del Sector Público tuvieron una reducción del 6,2 por ciento en términos reales, que, de acuerdo a su propio sitio oficial, “fue consecuencia de una ejecución prudente de las erogaciones discrecionales desde la asunción de la nueva administración, a lo que se sumó una fuerte contracción real en las prestaciones sociales, explicada en gran medida por el rezago de la fórmula de movilidad”.

En enero, el Sector Público alcanzó un superávit financiero. Esto quiere decir que, sumados el resultado de la diferencia entre ingresos y egresos, y el pago de deudas, se mantiene el superávit fiscal. El mismo se explica porque los ingresos tributarios tuvieron un incremento interanual del 256,7 por ciento, mientras que los gastos solamente crecieron un 114,6 por ciento.

Con la tasa de inflación en un nivel del 254,2 por ciento interanual, se comprende el malestar con la disminución del gasto público en términos reales. Por ejemplo las prestaciones de la Seguridad Social, sin incluir refuerzos de ingresos previsionales, crecieron solo un 125 por ciento de año a año. Las remuneraciones del sector público, un 158,1 por ciento. Las transferencias corrientes, que incluyen los pagos por prestaciones sociales que realiza PAMI, las asignaciones familiares, las transferencias para la compra de alimentos y los refuerzos para jubilaciones y pensiones que se mencionaron antes, crecieron al 114,6 por ciento.

Las transferencias corrientes al sector público realizadas en enero, que incluyen los pagos dirigidos a las provincias y las universidades, aumentaron un 71,2 por ciento. Los subsidios económicos aumentaron un 27,5 por ciento, siempre en términos interanuales,  por efecto del incremento de los subsidios destinados al transporte, que tuvo un contrapeso en la reducción del volumen de subsidios a la energía frente a su valor de enero de 2023.

Insostenible

Concluir, como lo suele hacer el Presidente Javier Milei, que la resistencia social a semejante ataque a los ingresos de la población responde a una defensa de privilegios políticos que se sostiene en detrimento del interés general de Argentina, puede ser calificado acertadamente como extravagante.

Más bien se trata de mecanismos defensivos ante lo que amenaza con volverse una catástrofe: los trabajadores se empobrecen, por efecto de la recesión se va a incrementar la desocupación, y los recursos que el Estado vuelca para la asistencia social se reducen cuando son más necesarios. Y los otros gastos que el gobierno recorta son necesarios para el funcionamiento del estado en términos estructurales, más que lujos prescindibles.

Para tratarse de una solución política surgida como respuesta a un cansancio incubado durante los últimos seis años, en los cuales los oficialismos perdieron las tres elecciones que se celebraron (dos presidenciales, con una legislativa en 2021), es incongruente. Por esa razón, varios analistas alertan de que el “ajuste” que el gobierno lleva adelante puede tornarse insostenible.

Sin embargo, un “ajuste con consensos” es imposible, porque no se trata de una cuestión de grado, sino de una de fondo. El gobierno de Milei reúne las ideas más reaccionarias y burdas del ideario económico argentino, que son ejecutadas por un conjunto de funcionarios que carecen de compromisos genuinos con la sociedad argentina. De ello deriva su despreocupación por el daño que puedan provocar.

Es momento de que los diferentes grupos que conforman la oposición lo adviertan, para tomar cartas en la cuestión y modificar un derrotero que solamente conduce a una degradación de niveles críticos, con las consecuencias que eso traerá aparejado.